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El pasado 10 de marzo se dio a conocer la sentencia mediante la que el Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad que varios de los artículos de la Ley 11/2020 para la regulación del mercado de alquiler en Cataluña son inconstitucionales porque, según ha expresado el propio TC, suponen una intromisión en lo que es competencia del Estado.
A quién afecta la Ley 11/2020
Dicha ley catalana impone limitaciones a las rentas de los arrendamientos en aquellas zonas donde existe una mayor tensión entre la oferta y la demanda en el ámbito del alquiler de la vivienda con la finalidad de moderar los precios y así garantizar el acceso a la vivienda a un precio asequible.
La ley se ha aplicado en 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, viéndose afectados por ella más de 160.000 arrendadores y consiguiendo un descenso medio del 5% del precio del alquiler en aquellos lugares que han sido regulados lo que, en términos de habitantes, supone que afecta aproximadamente al 70% del total de la población catalana.
Qué pasará a partir de ahora con los contratos afectados
La ley en cuestión, que lleva ya más de un año vigente, quedará sin efecto (al menos de forma parcial) en el momento en que se haga pública la resolución del Tribunal Constitucional.
Concretamente, el TC anula el artículo 1, así como los que van del 6 al 13, el 15 y el 16.2, siendo en el artículo 6 en el que establecía cómo debían confeccionarse los contratos de alquiler.
De todas formas, la sentencia del TC tiene efecto pro futuro por lo que los contratos que estén actualmente vigentes no se verán afectados por la anulación de dicha ley.
Reacciones a la sentencia del TC
Tal y como han expresado otras organizaciones, el Sindicat de Llogateres, entidad sindical con sede en la ciudad de Barcelona cuyo objetivo es la defensa del derecho a una vivienda segura y digna, ha criticado la resolución del TC indicando que se trata de un recorte del derecho a la vivienda en beneficio de los intereses del lobi inmobiliario promovido por los partidos políticos más conservadores.
De hecho, tanto esta como otras organizaciones han convocado diferentes actos de protesta en Cataluña para mostrar su desacuerdo con la sentencia y en apoyo a la regulación del mercado de alquiler de la vivienda.
Qué pasará en el futuro
Si bien es cierto que queda por ver cómo se desarrolla la anulación de la Ley, en el Congreso de los diputados y justo unas pocas horas antes de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, se superó el primer trámite de la Ley de la vivienda nacional.
Mediante esa ley el Gobierno se compromete a elaborar un texto que respete tanto las competencias del Estado que se establecen en la Constitución como aquellas que son de titularidad exclusiva de las comunidades autónomas en lo que a materia de la vivienda se refiere.
Ese es el caso de las competencias que se recogen en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en base a las cuales los partidos progresistas catalanes aseguran que volverán a legislar para procurar que todo el mundo tenga acceso a una vivienda asequible y digna.
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