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Desde hace años venimos siendo testigos tanto de forma directa como a través de todos los medios de comunicación de cómo nos está afectando el cambio climático, siendo una de las mayores amenazas a las que se enfrenta nuestro planeta en los últimos tiempos.
La subida de la temperatura media del planeta está provocando efectos devastadores y la consecuencia más evidente es la que todos estamos viviendo en primera persona: condiciones climáticas extremas, fenómenos meteorológicos como tormentas sin precedentes, incendios catastróficos, inundaciones de gran magnitud, olas de calor más extremas, el aumento peligroso del nivel del mar, etc.
Todos estos cambios que hace años parecían lejanos cuando los científicos los predecían, ahora son un hecho. De todos nosotros depende tomar acciones y medidas para que dentro de unos años podamos cambiar el curso de la historia.
Por tal motivo, los gobiernos están responsabilizándose tomando medidas y elaborando leyes que eviten, frenen o minimicen el aumento vertiginoso de los efectos globales.
Un ejemplo de ello es que desde el pasado 30 de octubre hasta el 12 de noviembre se celebró la 6ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow (Reino Unido) donde se dan cita delegados gubernamentales, representantes de la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación para impulsar acuerdos y acciones.
A nivel estatal dentro de las medidas a adoptar en base a los objetivos para el año 2030, tenemos la Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero detallada en el Título IV de la Ley 7/2021, de 20 de mayo publicada en el número 121 BOE de 21 de mayo de 2021.
En este artículo nos queremos centrar en uno de esos objetivos principales consistente en la neutralidad climática en 2050 en el parque de turismos y vehículos comerciales siendo los principales emisores de dióxido de carbono (CO2) de manera directa.
En el Título IV de la Ley 7/2021 nombrada anteriormente, se abordan cuestiones referentes al sector del transporte de movilidad sin emisiones estableciéndose medidas que promuevan la movilidad limpia restringiendo la circulación de turismos y furgonetas en el ámbito territorial con la finalizad de mejorar la calidad del aire.
La vida es evolución, constante cambio y avance acompañado por la tecnología. Para que se haga realidad, para que se lleve a término, es necesaria una mentalidad expansiva y abierta, dispuesta a aceptar el cambio desde la consciencia individual que consigue beneficios para el colectivo de la humanidad.
Aumentar las ventas de vehículos eléctricos
Siguiendo con los objetivos marcados por los gobiernos se pretende que para el año 2040 todos los coches nuevos sean eléctricos.
Según el informe de Tendencias del Mercado Europeo de Vehículos Eléctricos de la Agencia Schmidt Automotive Research ”la venta de vehículos eléctricos en el primer semestre del año 2021 alcanzó la cifra récord de más de un millón de vehículos eléctricos e híbridos enchufables nuevos en circulación en Europa”.
El aumento de ventas de este tipo de vehículos a su vez está teniendo el inconveniente de que sus propietarios se encuentran con la escasez de puntos de recarga en las ciudades, por lo que cada vez es más frecuente el planteamiento de instalación de puntos de recarga eléctrica dentro de los garajes de las comunidades de propietarios.
Algunas promociones de obra nueva ya contemplan estos puntos de recarga en sus aparcamientos, pero ¿qué ocurre con el resto de garajes comunitarios?
¿Cómo se puede instalar un punto de recarga una comunidad de propietarios?
El futuro del coche eléctrico requerirá de la instalación de puntos de recarga en los garajes de las comunidades de propietarios. El poder disponer de la “recarga en casa” favorecerá a los propietarios en cuanto a comodidad y tiempo, ya que podrán tener su vehículo siempre disponible para su uso.
El propietario que pretenda realizar una instalación de un punto de recarga en su plaza de garaje, asumiendo el coste de forma privativa de instalación y consumo, tendrá que presentar un Proyecto o Memoria Técnica de instalación a la Junta Directiva o al Administrador de la Comunidad.
Desde la presentación de dicha propuesta, la Comunidad tiene un mes para realizar una Junta de Propietarios y tratar el tema, puesto que la comunidad puede optar por una preinstalación comunitaria para unificar la estructura eléctrica de los futuros cargadores privativos que se vayan instalando con posterioridad.
Si este proyecto queda aceptado, la comunidad dispone de un plazo de dos meses para aprobar y comenzar con el presupuesto de preinstalación. En el caso de que en este tiempo marcado no dé comienzo dicha obra, el propietario que inició los trámites de forma privativa, sin necesidad previa de informar a la comunidad, podrá dar comienzo de su instalación privativa según memoria técnica presentada.
Esta medida de rehabilitación y mejora de eficacia energética en la comunidad queda contemplada en el libro V del Código Civil de Cataluña en el que se expone la Ley de Propiedad Horizontal para la instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico:
Artículo 553-36.3:
(…) En caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, sólo es preciso enviar a la presidencia o a la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación. Dentro de este plazo la comunidad puede proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales. Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente.
Con la finalidad de impulsar e incentivar la actividad de mejoras en las comunidades, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley el pasado mes de octubre, que contempla deducciones en el IRPF para la rehabilitación de edificios y viviendas por obras de mejoras de eficiencia energética, como ya hemos nombrado anteriormente.
En lo relativo a la Ley de la Propiedad Horizontal se ha llevado a cabo una reforma, donde se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el conjunto del edificio, pudiéndose solicitar ayuda y financiación económica para ello. Del mismo modo, se dispone de créditos para las comunidades que deseen adaptar sus edificios en pos de una mejora energética.
