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Entre las muchas especialidades que existen en nuestro sistema legal encontramos el Derecho civil y el Derecho penal, pero ¿cuáles son las diferencias entre estas dos ramas del Derecho?
Definiciones
Derecho civil
El Derecho civil rige o regula las relaciones privadas entre personas, físicas o jurídicas, dentro de una sociedad. Su función principal es delimitar un marco de seguridad jurídica para que las personas conozcan cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Así, en el tráfico jurídico, las personas podrán acudir a los tribunales si ven vulnerados sus derechos.
Se tramitan por los cauces del derecho civil, entre muchos otros: separaciones, divorcios, custodias, tutelas, reclamaciones de cantidad, impugnaciones de acuerdos sociales, cuestiones hereditarias, arrendamientos, desahucios, propiedad horizontal, incumplimientos contractuales, etc.
Derecho penal
El Derecho penal, en cambio, refleja la potestad del estado de establecer lo que se considera delito y las sanciones que ello conlleva, y tiene como principal función mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades, castigando a toda persona cuyo comportamiento perjudique a la sociedad.
Se enjuiciarían penalmente, entre otros muchos: hurtos, robos, falsedades, homicidios, lesiones, amenazas, coacciones, agresiones y/o abusos sexuales, revelación de secretos, injurias, calumnias, estafas, blanqueo de capitales, cohecho, desobediencia, prevaricación, etc.
La función principal del derecho civil es proporcionar un marco legal sólido para que las personas sepan cuáles son sus derechos y obligaciones. Mientras que el derecho penal demuestra el poder del Estado para identificar y sancionar los hechos delictivos, siendo su tarea principal mantener el orden público, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, y sancionar a quienes perjudiquen a la sociedad.
Inicio del procedimiento
Un procedimiento judicial que deba tramitarse por la vía civil se iniciará siempre por la solicitud de la parte lesionada o interesada, a través de una demanda, pues esta rama del Derecho regula, como ya hemos comentado, las relaciones privadas entre personas, es decir, relaciones que solo atañen a las personas que tienen ese contrato o esa relación familiar, por ejemplo, y que no son de interés público.
En Derecho penal, para conocer quién puede iniciar el procedimiento, debemos distinguir si se trata de un delito privado, semipúblico o público.
Los delitos privados, actualmente, se encuentran limitados a las injurias y las calumnias. Estos delitos únicamente pueden ser denunciados por la persona perjudicada a través de una querella, y no intervendrá el Ministerio Fiscal.
Los delitos semipúblicos pueden ser perseguidos tanto por el Ministerio Fiscal como por la víctima, pero se requiere de una denuncia previa o querella por parte del agraviado. En esta categoría encontraríamos, entre otros, los delitos contra la propiedad intelectual y/o industrial y los delitos de agresiones, amenazas y coacciones.
Por último, los delitos públicos son aquellos que no son ni privados ni semipúblicos, y la investigación de estos puede iniciarse de oficio por el Ministerio Fiscal, sin que sea necesario realizar ningún trámite previo.
Penas
En Derecho civil no se imponen penas como tal. Las sentencias dictadas por los Jueces en los procesos civiles lo que hacen es dar la razón, o no, a una de las partes o a ambas y, en consecuencia, condenan, si lo hacen, a hacer, no hacer, abonar, devolver, restituir, compensar, etc., lo que se pedía.
En Derecho penal, en cambio, sí que se imponen penas. Estas se clasifican en 3 tipos: penas privativas de libertad (prisión), privativas de otros derechos (suspensión de empleo, privación del derecho a conducir y/o a portar armas, prohibición de comunicarse con la víctima, etc.) y multa.
Responsabilidad civil en un proceso penal
En el proceso penal, además de la correspondiente pena como castigo por el delito cometido, existe la responsabilidad civil, que es la obligación del condenado de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de su infracción. Es decir, el objetivo de la responsabilidad civil originada en un procedimiento penal es compensar a la víctima del delito por los daños causados.
